El tribunal cuestionó la forma en que Nueva York notificó a miles de propietarios, pero no anuló el nuevo recargo para viviendas de alto valor que no son residencia principal. La ciudad apeló la decisión.
Nueva York — 30 de septiembre de 2026.
Un juez de Staten Island ordenó a la ciudad de Nueva York rehacer parte del proceso utilizado para implementar el nuevo impuesto conocido como pied-à-terre, un recargo anual dirigido a determinadas propiedades de alto valor que no son utilizadas como residencia principal.
La decisión del juez estatal Wayne M. Ozzi no elimina el impuesto. El cuestionamiento se concentra en cómo el Departamento de Finanzas identificó y notificó a los propietarios que podían estar obligados a pagarlo.
La administración del alcalde Zohran Mamdani anunció que apelará la decisión y consiguió una suspensión temporal de la orden, por lo que el proceso judicial continúa.
¿Qué decidió el juez?
El caso fue presentado por propietarios que cuestionaron la manera en que la ciudad puso en marcha el recargo.
Uno de los principales problemas señalados fue que la ciudad publicó información sobre más de 900,000 propiedades potencialmente alcanzadas por la medida y posteriormente envió alrededor de 17,000 notificaciones a propietarios que podían estar sujetos al impuesto.
El juez consideró que el procedimiento había trasladado a los propietarios una carga que correspondía inicialmente a la ciudad: demostrar si una propiedad cumplía realmente las condiciones para pagar el recargo.
La orden exige retirar la información publicada y emitir nuevas notificaciones individualizadas utilizando información actualizada.
Sin embargo, el juez no declaró ilegal el impuesto en sí. Esa diferencia es importante para los propietarios de Nueva York: la batalla judicial continúa y todavía no existe una decisión definitiva que elimine el recargo.
¿Qué impuesto aprobó la ciudad?
La medida fue anunciada en abril por Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul y posteriormente quedó autorizada mediante una nueva ley estatal que entró en vigor el 28 de mayo de 2026.
Para los años fiscales 2026-27 y 2027-28, el recargo puede aplicarse a viviendas de una, dos o tres familias con un valor determinado por el Departamento de Finanzas superior a $5 millones, cuando no sean utilizadas como residencia principal.
También alcanza a determinados condominios y cooperativas valorados en $1 millón o más cuando no cumplen las condiciones de residencia principal.
Las tasas varían según el tipo y valor de la propiedad. Para viviendas de una a tres familias, van de 0.8% a 1.3%. Para condominios y cooperativas, van de 4% a 6.5%.
La ciudad sostiene que el impuesto podría generar aproximadamente $500 millones anuales, destinados a contribuir al financiamiento de servicios municipales.
¿Qué pedían Mamdani y Hochul?
Hochul propuso inicialmente un impuesto anual para viviendas de lujo utilizadas como segundas residencias y valoradas en $5 millones o más, con el objetivo de generar ingresos adicionales sin aumentar la carga tributaria de los residentes comunes.
Mamdani incorporó la propuesta a su agenda para enfrentar el déficit presupuestario de la ciudad. Su administración sostiene que los propietarios de viviendas secundarias de alto valor deben contribuir al financiamiento de servicios como escuelas, calles, parques y otros servicios públicos.
La Oficina del Alcalde ha defendido el recargo como una fuente de ingresos que podría alcanzar los $500 millones al año.
¿Por qué hay oposición en Staten Island?
La implementación generó críticas particularmente fuertes en Staten Island.
El presidente del condado, Vito Fossella, respaldó el fallo del juez y cuestionó que cientos de miles de propietarios aparecieran vinculados al proceso cuando, según los críticos, la mayoría no tendría que pagar el impuesto.
Fossella sostuvo que la publicación de información generó confusión y preocupación entre propietarios que consideran sus viviendas como residencia principal.
En el Concejo Municipal, los representantes de Staten Island Frank Morano y Kamillah Hanks también cuestionaron la implementación. Hanks aclaró durante una audiencia que sus críticas estaban dirigidas principalmente al proceso de aplicación y no necesariamente al concepto del impuesto.
Morano, por su parte, ha sido uno de los críticos más visibles de la implementación y familiares suyos estuvieron entre los propietarios que participaron en la demanda inicial.
¿Qué beneficios y riesgos se discuten?
Los defensores de la medida destacan principalmente la posibilidad de generar cientos de millones de dólares adicionales para servicios municipales y hacer que propietarios de viviendas de lujo que no viven habitualmente en Nueva York contribuyan más al presupuesto.
Los opositores cuestionan el procedimiento utilizado para identificar las propiedades, la publicación de nombres y direcciones y la carga de demostrar que una vivienda es una residencia principal.
También existen demandas separadas que cuestionan aspectos constitucionales del impuesto, por lo que el futuro definitivo de la medida todavía está pendiente de los tribunales.
¿Qué deben saber los propietarios?
Recibir una notificación no significa automáticamente que el propietario deba pagar el recargo. La propia ciudad indica que una propiedad utilizada como residencia principal puede estar exenta.
El Departamento de Finanzas permite presentar documentación para demostrar que la vivienda es la residencia principal del propietario, un inquilino, un familiar inmediato u otras personas que cumplen los requisitos establecidos.
Para quienes recibieron una notificación, la información oficial de la ciudad indica actualmente una fecha límite del 6 de octubre de 2026 para determinadas solicitudes de exención, aunque el proceso judicial podría modificar los procedimientos.
Para los lectores de Staten Island y de otros condados de Nueva York, el punto central es que el impuesto no fue eliminado por el fallo. Lo que está en disputa es la manera en que la ciudad lo implementó, mientras la administración Mamdani continúa defendiendo la medida ante los tribunales.
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