La Ley Local Cops, Local Crimes (Policías Locales, Crímenes Locales) obliga a poner fin a acuerdos 287(g) con ICE y busca impedir que recursos policiales locales sean utilizados para la aplicación civil de las leyes migratorias. Sin embargo, la medida ya enfrenta demandas y genera un debate sobre hasta dónde llega la cooperación con las autoridades federales.
Nueva York, 27 de agosto de 2026. — Una nueva ley estatal ya está cambiando la relación entre las agencias policiales locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La medida, conocida como Local Cops, Local Crimes Act, prohíbe determinados acuerdos mediante los cuales policías y alguaciles locales podían asumir funciones de aplicación de las leyes federales de inmigración.
La norma entró en una etapa clave el 25 de agosto de 2026, fecha límite establecida para que las agencias locales con acuerdos vigentes bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad iniciaran su terminación.
La controversia no terminó con la entrada en vigor. Quince alguaciles de condados de Nueva York presentaron una demanda contra la ley y, este miércoles, la fiscal general Letitia James y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron una demanda contra la Oficina del Sheriff del Condado de Rensselaer por no haber puesto fin a su acuerdo con ICE.
¿Cómo se llama la nueva ley y qué prohíbe?
La legislación se denomina oficialmente Local Cops, Local Crimes Act, que puede traducirse como la Ley de “Policías Locales, Delitos Locales”.
La norma, firmada por Hochul el 27 de mayo de 2026, prohíbe que gobiernos locales y agencias policiales del estado celebren o mantengan acuerdos bajo la sección 287(g) con ICE.
Estos acuerdos permiten que determinados agentes policiales estatales o locales sean autorizados para realizar ciertas funciones de aplicación civil de las leyes federales de inmigración, incluyendo, dependiendo del tipo de acuerdo, interrogar, arrestar o detener a personas por presuntas violaciones civiles de inmigración.
La ley también busca impedir que los recursos policiales locales sean utilizados para detener personas únicamente por infracciones civiles de inmigración y obliga a poner fin a acuerdos cubiertos por la nueva legislación.
Es importante, sin embargo, hacer una distinción: la ley no convierte a Nueva York en un lugar donde ICE no pueda operar. Las agencias federales continúan teniendo autoridad para aplicar las leyes federales de inmigración. Lo que Nueva York busca limitar es la participación formal de agencias estatales y locales en determinadas funciones de aplicación civil de inmigración.
¿Desde cuándo se aplica la prohibición?
La ley fue aprobada en mayo, pero dio a las agencias que ya tenían acuerdos 287(g) un plazo de 90 días para utilizar las cláusulas de terminación de esos contratos.
El plazo venció el 25 de agosto de 2026.
Según la Fiscalía General de Nueva York, 12 agencias policiales tenían acuerdos 287(g) antes de que venciera el plazo. La Oficina del Sheriff del Condado de Rensselaer fue la única que, según el estado, no había indicado su intención de disolver el acuerdo.
Por esa razón, la fiscal general James y Hochul anunciaron una demanda para obligar al sheriff a cumplir con la ley y declarar el acuerdo nulo e inaplicable bajo la legislación estatal.
“Cumplir con la Local Cops, Local Crimes Act no es opcional”, afirmó Hochul al anunciar la acción legal. La gobernadora sostuvo que las agencias policiales deben cumplir las leyes estatales y concentrarse en la seguridad pública de Nueva York.
¿Qué dice Hochul sobre ICE y la seguridad pública?
Hochul y James defienden la medida argumentando que los recursos policiales locales deben concentrarse en combatir delitos y no en realizar el trabajo de ICE.
Las autoridades estatales también han cuestionado las operaciones de inmigración de la administración Trump. En una declaración publicada el 25 de agosto, Hochul y James afirmaron que la nueva ley busca evitar que la policía local sea utilizada para impulsar una agenda de deportaciones masivas.
Las funcionarias señalaron que la mayoría de las agencias policiales de Nueva York ya protegían a sus comunidades sin acuerdos formales con ICE y sostuvieron que la ley permitirá mantener la confianza entre las comunidades inmigrantes y las autoridades locales.
La administración estatal ha dejado claro, no obstante, que la prohibición está dirigida a la aplicación civil de las leyes migratorias, mientras continúa existiendo cooperación policial en investigaciones y asuntos relacionados con delitos.
La policía y los alguaciles llevan el caso a los tribunales
La nueva legislación enfrenta una fuerte oposición.
Quince alguaciles de Nueva York presentaron una demanda federal argumentando que la prohibición de los acuerdos 287(g) es inconstitucional y limita indebidamente su capacidad para cooperar con las autoridades federales.
Algunos sheriffs sostienen que sus acuerdos con ICE estaban relacionados principalmente con personas que ya se encontraban bajo custodia por casos criminales y no con redadas comunitarias o controles migratorios indiscriminados.
Sin embargo, Hochul y James consideran que esos argumentos no justifican mantener acuerdos que permiten a las autoridades locales asumir funciones federales de inmigración.
Hasta ahora, un tribunal federal rechazó la solicitud del gobierno federal de bloquear temporalmente la prohibición, permitiendo que la fecha límite del 25 de agosto siguiera vigente.
La administración Trump también cuestiona la ley
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha impugnado la legislación de Nueva York, argumentando que el estado intenta interferir con las funciones de las autoridades federales.
La administración Trump sostiene que las restricciones estatales sobre la cooperación con ICE y otras medidas relacionadas con la actuación de agentes federales son inconstitucionales y pueden afectar las operaciones de seguridad. El Departamento de Justicia ha prometido continuar cuestionando leyes estatales que, según su posición, obstaculicen la aplicación de las leyes federales.
El conflicto representa uno de los principales enfrentamientos entre Nueva York y la política migratoria de la administración Trump.
Mamdani respalda la protección de las comunidades inmigrantes
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha expresado públicamente su apoyo a las medidas estatales dirigidas a proteger a las comunidades inmigrantes frente a lo que considera excesos de las autoridades federales.
En agosto, Mamdani elogió el liderazgo de Hochul y la fiscal James en la defensa de los inmigrantes y criticó decisiones federales que han reducido la asistencia legal disponible para miles de menores inmigrantes.
Aunque la nueva ley estatal regula principalmente la actuación de gobiernos y policías locales, su debate tiene una importancia directa para la ciudad de Nueva York, donde viven millones de inmigrantes y una gran población latina.
¿La ley significa que un inmigrante no puede ser arrestado por ICE?
No.
Este es uno de los puntos más importantes para los inmigrantes de Nueva York: la Local Cops, Local Crimes Act no elimina la autoridad de ICE ni impide que los agentes federales realicen operaciones migratorias dentro del estado.
La ley limita determinados acuerdos y el uso de recursos locales para funciones de aplicación civil de inmigración. ICE, Border Patrol y otras agencias federales continúan siendo organismos federales con sus propias facultades.
Además, una investigación reciente de New York Focus encontró que algunos departamentos policiales de condados fronterizos han colaborado con la Patrulla Fronteriza mediante un programa federal denominado Operation Stonegarden. El medio identificó al menos 24 transferencias de inmigrantes a Border Patrol desde 2023 en registros de algunos condados, principalmente después de controles de tránsito.
La investigación plantea preguntas sobre si existen otras formas de cooperación entre policías locales y autoridades migratorias federales que no estén cubiertas directamente por los acuerdos 287(g).
¿Por qué esta ley es importante para los latinos de Nueva York?
Para las comunidades latinas e inmigrantes de Nueva York y Staten Island, la nueva ley puede ayudar a aclarar una diferencia fundamental: la policía local tiene como función principal responder a delitos y emergencias locales, mientras que la aplicación civil de las leyes de inmigración corresponde al gobierno federal.
Los defensores de la ley consideran que separar ambas funciones puede reducir el temor de inmigrantes a denunciar delitos, cooperar como testigos o buscar ayuda policial.
Pero la legislación también deja una realidad importante: los inmigrantes no deben asumir que la nueva ley elimina el riesgo de una acción federal de inmigración.
Quienes tengan procesos migratorios pendientes, órdenes de deportación u otras situaciones legales complejas deberían buscar asesoramiento de abogados de inmigración acreditados o proveedores legales confiables y evitar basar decisiones importantes únicamente en rumores sobre la nueva ley.
La batalla legal continuará en los tribunales, mientras Nueva York intenta hacer cumplir una de sus restricciones más importantes hasta ahora sobre la colaboración formal entre la policía local e ICE.
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