Jael Watts y el colombiano Luis Pino-Copete utilizaron identidades robadas, nóminas falsas y documentos fraudulentos para intentar obtener fondos destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y personas sin hogar. La sentencia está prevista para enero de 2027.
Nueva York — 2 de octubre de 2026.
Un jurado federal declaró culpables a una mujer de Nueva Jersey y a un ciudadano colombiano por su participación en un esquema nacional que buscó obtener más de $13 millones en fondos federales destinados a programas de transporte y asistencia para personas vulnerables.
El caso involucra a Jael Watts, de 45 años, de Alloway, Nueva Jersey, y Luis Pino-Copete, de 42 años, de Bogotá, Colombia, quienes operaban una empresa llamada Pearl Transit Corporation. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía aparentaba ofrecer transporte para adultos mayores y personas con discapacidad, además de servicios de asistencia para personas sin hogar, pero en realidad no prestaba esos servicios.
Cómo funcionaba el fraude
Según las pruebas presentadas durante el juicio, el esquema estuvo activo entre julio de 2019 y octubre de 2025.
Los acusados presentaban solicitudes para recibir reembolsos de programas financiados con fondos federales. Para respaldarlas, supuestamente creaban registros falsos de empleados y clientes y utilizaban las identidades de personas reales.
El Departamento de Justicia señaló que algunas personas incluidas como beneficiarias de los servicios estaban incluso fallecidas cuando supuestamente recibieron los viajes. También aparecieron como conductores personas que nunca habían manejado un automóvil o que ni siquiera tenían licencia de conducir.
Pearl Transit buscó obtener más de $13 millones mediante reclamaciones y documentos falsos. Sin embargo, las autoridades establecieron que los acusados llegaron a obtener fraudulentamente más de $1.6 millones.
Entre los fondos obtenidos estuvieron aproximadamente $529,500 de un programa de desarrollo comunitario en Georgia, $429,885 de un programa federal de transporte administrado a través del área de Los Ángeles, $283,000 destinados a servicios para personas sin hogar en California y $379,149 relacionados con transporte en Raleigh, Carolina del Norte.
Una investigación que comenzó en Nueva York
El caso también tiene una conexión directa con Nueva York.
La investigación comenzó a finales de 2024, cuando Watts presentó ante el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York una solicitud de reembolso de casi $750,000 a nombre de Pearl Transit.
La Oficina del Contralor del Estado de Nueva York consideró sospechosas las facturas e inició una auditoría. Posteriormente, Watts y Pino-Copete habrían creado documentos adicionales para intentar demostrar que los servicios habían sido realizados.
La investigación estatal fue remitida posteriormente a las autoridades federales y se amplió hasta descubrir un esquema que abarcaba varios estados.
¿En qué gastaron el dinero?
Los investigadores encontraron que parte de los fondos obtenidos fraudulentamente fue utilizada para mantener un estilo de vida lujoso.
Según el Departamento de Justicia, los registros bancarios mostraron gastos de más de $100,000 en alquiler de vehículos Porsche, más de $100,000 en la tienda de lujo Loro Piana en Manhattan y viajes internacionales que incluyeron Colombia, Aruba y varios países europeos.
Los fiscales también presentaron fotografías y comunicaciones obtenidas durante la investigación.
En otro componente del esquema, los acusados solicitaron fondos afirmando que proporcionaban prótesis dentales gratuitas a personas sin hogar. Las autoridades sostuvieron que, en realidad, algunas prótesis eran fabricadas en la vivienda utilizando una impresora 3D y que se cobraba dinero a clientes sin hogar por determinados servicios.
El colombiano podría ser deportado
Watts y Pino-Copete fueron declarados culpables de los cargos incluidos en la acusación presentada ante el tribunal federal.
La sentencia todavía no ha ocurrido. La audiencia está actualmente programada para el 21 de enero de 2027.
Ambos enfrentan un mínimo obligatorio de dos años de prisión y un máximo de 20 años, además de posibles multas de hasta $250,000 y hasta tres años de libertad supervisada. También enfrentan una orden de restitución de al menos $1.9 millones, según el Departamento de Justicia.
Pino-Copete, quien no es ciudadano estadounidense, también enfrenta un proceso de remoción y deportación después de cumplir cualquier condena de prisión.
Otros casos recientes de fraude en Nueva York y Nueva Jersey
El caso se produce mientras fiscales federales han anunciado otras investigaciones y condenas relacionadas con diferentes tipos de fraude en la región.
En Nueva York, por ejemplo, un exdetective de la Policía de Nueva York fue sentenciado en junio de 2026 a 48 meses de prisión por participar en un esquema de fraude relacionado con préstamos del Paycheck Protection Program (PPP). Según el Departamento de Justicia, John Bolden ayudó a más de 65 personas a obtener préstamos fraudulentos y buscó sustraer casi $3 millones del programa.
También en Nueva York, dos hombres fueron acusados en julio de un supuesto esquema de fraude contra Medicaid relacionado con servicios de transporte para pacientes. Las autoridades alegaron que se presentaron reclamaciones por viajes que no se realizaron o cuyos costos fueron inflados; el caso involucraba más de $35 millones en reclamaciones fraudulentas, según la acusación.
En Nueva Jersey, otro caso reciente involucró a un hombre que se declaró culpable de participar en un esquema de fraude hipotecario y de obtener fraudulentamente más de $1.8 millones en préstamos federales de ayuda económica durante la pandemia.
Estos casos son diferentes entre sí y no implican necesariamente el mismo método o grupo de personas. Sin embargo, muestran que los fondos públicos, programas de asistencia y sistemas financieros continúan siendo objetivos de investigaciones por fraude.
Para las comunidades de Nueva York y Nueva Jersey, incluidos los residentes latinos, la principal consecuencia práctica es la importancia de verificar cuidadosamente cualquier trámite relacionado con beneficios públicos, transporte, vivienda, salud o ayudas federales y desconfiar de solicitudes que impliquen documentos falsos, identidades ajenas o servicios que no puedan comprobarse.
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