Nueva York y otros estados, ciudades y condados acudieron a los tribunales para intentar bloquear una nueva política federal que amplía los beneficios públicos que podrían ser considerados al evaluar determinadas solicitudes de visas y tarjetas de residencia.
Nueva York, 14 de septiembre de 2026. — Nueva York inició este lunes una nueva batalla legal contra la administración del presidente Donald Trump por la nueva regla federal de “carga pública”, que podría ampliar la cantidad de beneficios públicos que los funcionarios migratorios pueden considerar al evaluar determinadas solicitudes de visas y residencia permanente.
La ciudad de Nueva York presentó una demanda en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York junto con Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle, King County y Public Rights Project. Paralelamente, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, encabeza otra demanda junto con otros estados.
¿Qué es la regla de carga pública?
La “carga pública” es un criterio que el gobierno federal puede utilizar en determinados procesos de inmigración, principalmente al evaluar solicitudes de tarjeta de residencia (green card) y ciertas visas.
La nueva normativa del Departamento de Seguridad Nacional busca eliminar las regulaciones de 2022 y devolver a los funcionarios federales una mayor discreción para evaluar diferentes factores relacionados con la situación económica y el uso de determinados beneficios públicos.
Según la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Ciudad de Nueva York, los cambios todavía no están vigentes y la fecha más temprana para su entrada en vigor es el 18 de septiembre. Esa fecha podría cambiar si un tribunal bloquea o retrasa la aplicación de la norma.
¿Por qué preocupa a las familias latinas?
La demanda presentada por Nueva York sostiene que la nueva política podría generar temor entre familias inmigrantes que utilizan programas de asistencia para los que son legalmente elegibles.
La ciudad argumenta que la ampliación de los beneficios que pueden ser considerados podría provocar que algunas personas dejen de solicitar asistencia médica, alimentaria u otros programas por temor a que su uso afecte futuros trámites migratorios.
Este posible efecto es especialmente relevante para comunidades inmigrantes de Nueva York, incluida la población latina de Staten Island y otros distritos de la ciudad, donde muchas familias utilizan programas públicos de salud, alimentación y otros servicios.
Sin embargo, la nueva regla no significa que toda persona que reciba beneficios públicos será automáticamente considerada una “carga pública” ni que perderá su estatus migratorio. La determinación depende del tipo de trámite y de las circunstancias individuales.
Nueva York pide a la corte bloquear la medida
La administración de la ciudad sostiene que la nueva normativa amplía de manera indebida la autoridad federal para considerar beneficios sujetos a comprobación de ingresos y que puede generar decisiones inconsistentes.
La fiscal general Letitia James también presentó una demanda separada contra la administración federal. Las acciones legales buscan impedir que la nueva política entre en vigor mientras los tribunales analizan su legalidad.
Por ahora, la regla federal no ha sido bloqueada definitivamente y su futuro dependerá de las decisiones judiciales.
¿Qué deben hacer los inmigrantes en Nueva York?
La Ciudad de Nueva York recomienda no dejar de utilizar beneficios públicos o servicios municipales necesarios únicamente por temor a la nueva regla sin consultar primero con un abogado o proveedor de servicios legales de confianza.
Los inmigrantes que tengan dudas pueden comunicarse gratuitamente con la Línea de Apoyo Legal de Inmigración de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de Nueva York al 1-800-354-0365, o llamar al 311 y decir “Immigration Legal” para conectarse con asistencia legal gratuita, segura y confidencial en su idioma.
Para las familias latinas de Staten Island y Nueva York, la recomendación práctica es verificar cómo la nueva normativa podría afectar su situación migratoria específica antes de cancelar beneficios o servicios que necesitan.
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