Quién tiene la razón ahora? Corte Suprema designada por Trump declaró los aranceles ilegales

Washington D.C., 20 de febrero de 2026 — En un fallo histórico con mayoría de 6–3, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió el viernes que el expresidente Donald Trump se excedió en su autoridad al imponer una batería de aranceles globales sin autorización expresa del Congreso, anulando así la mayoría de esos gravámenes al considerar que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no faculta al presidente para establecer impuestos sobre importaciones sin una delegación legislativa específica.

La decisión del máximo tribunal concluye que solo el Congreso tiene la potestad constitucional para fijar aranceles, por lo que las tasas establecidas bajo la IEEPA eran inconstitucionales. Sin embargo, los aranceles específicos sobre acero, aluminio u otros sectores bajo leyes distintas no fueron directamente afectados por este fallo.

Pese a esta resolución judicial, por la noche Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo un arancel global del 10%, basándose en otra autoridad legal —la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974— que permite al presidente imponer gravámenes temporales hasta del 15% por un máximo de 150 días sin necesidad de aprobación del Congreso.

Desde la Casa Blanca, se publicó en su cuenta oficial de X una declaración del presidente: «Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel global del 10% aplicable a todos los países», dejando claro su objetivo de mantener medidas comerciales pese al mandato del Supremo.

La Administración argumenta que esta nueva orden ejecutiva sí tiene efecto legal porque está respaldada por una ley federal distinta a la cuestionada por los jueces y que el fallo de la Corte Suprema se limitó a una ley en particular, sin prohibir al Ejecutivo buscar otras vías legales para imponer aranceles.

El fallo de la Corte ha generado amplio debate legal y político:

• El Congreso, que constitucionalmente posee la facultad de imponer impuestos y aranceles, ha señalado que este tipo de decisiones pone de relieve la necesidad de que el Poder Ejecutivo consulte y obtenga autorización legislativa para políticas de comercio de gran impacto.
• Algunos legisladores han celebrado el fallo por reafirmar la separación de poderes, mientras que otros han expresado preocupación por la incertidumbre económica que genera el cambio constante en la política arancelaria.

Por su parte, Trump ha criticado duramente al tribunal y defendido su prerrogativa para usar “otras alternativas legales” para cumplir sus objetivos comerciales, en lo que algunos analistas interpretan como una tensa confrontación institucional entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.