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Tribunal bloquea intento de Trump de cortar fondos clave para Nueva York en medio del cierre federal

Nueva York, 1 de octubre de 2025 — En el primer día del cierre parcial del gobierno federal, más conocido en inglés como el shutdown, una batalla legal se desató rápidamente cuando la administración de Donald Trump intentó retener miles de millones de dólares destinados a infraestructuras y seguridad antiterrorista en Nueva York. Un juez federal intervino para frenar algunos de esos recortes, argumentando que podrían constituir represalias políticas.

Congelamiento de $18 mil millones en infraestructura

Como parte de las medidas adoptadas durante el cierre del gobierno, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) retuvo aproximadamente 18 mil millones de dólares previamente asignados para dos grandes proyectos de transporte en la ciudad de Nueva York: la extensión de la Second Avenue Subway y la construcción del nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson (Gateway / Hudson Tunnel).

La administración adujo que estaba revisando posibles prácticas “inconstitucionales” vinculadas a políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en la adjudicación de contratos de estos proyectos. Sin embargo, con el cierre federal, muchos empleados y personal responsables de dichas revisiones fueron puestos en licencia, lo que dejó paralizados los procesos.

Los críticos acusan que esta maniobra tiene tintes políticos, pues podría tratarse de un simbólico castigo hacia líderes demócratas de Nueva York como el senador Chuck Schumer y el congresista Hakeem Jeffries, quienes se han opuesto a las políticas presupuestarias del gobierno federal.

Corte federal suspende recorte de $34 millones en fondos antiterroristas

En paralelo, un juez federal en Nueva York, Lewis A. Kaplan, bloqueó temporalmente el intento de la administración de retirar 34 millones de dólares destinados a programas de seguridad antiterrorista para el sistema de transporte de la ciudad.

Kaplan enfatizó que estos fondos fueron creados con el objetivo de distribuirse basándose en el riesgo de amenazas terroristas, no por decisiones políticas o por el grado de cooperación de una jurisdicción con la administración federal. Además, señaló que es probable que Nueva York demuestre que la medida era una represalia por no alinearse con las prioridades migratorias del gobierno.

En sus declaraciones, el comisionado del NYPD, Jessica Tisch, advirtió que una medida de ese tipo pondría en riesgo la integridad de la seguridad pública en una ciudad que fue atacada el 11 de septiembre y que sigue siendo objetivo de amenazas.

Respuesta política y repercusiones inmediatas

La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, tachó la postura del gobierno federal de “política de extorsión” contra una ciudad que depende del transporte público para su funcionamiento diario. Legisladores demócratas de Nueva York han calificado la medida como punitiva y orientada a debilitar proyectos claves para la infraestructura: “No estamos ante trofeos políticos, sino ante arterias vitales para la ciudad”, afirmaron.

El cese de financiamiento no solo amenaza con atrasar estas obras esenciales, sino que también genera incertidumbre financiera para contratistas, municipios y operadores de transporte. Además, la posibilidad de que el gobierno federal privilegie motivaciones ideológicas sobre criterios técnicos ha despertado alarma entre expertos en política pública.

Panorama legal y qué sigue

Además de la intervención del juez Kaplan en Nueva York, un tribunal en Rhode Island, bajo orden de la jueza Mary S. McElroy, emitió una orden de restricción temporal que impide a la administración Trump recortar 233 millones de dólares en subvenciones destinadas a programas de preparativos antiterroristas en varios estados de tendencia demócrata, incluida Nueva York.

La coalición de estados demandantes sostiene que los recortes son arbitrarios y violan la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act), al modificar abruptamente criterios de asignación de fondos sin la debida justificación ni transparencia.

Mientras tanto, el estado de Nueva York ha solicitado que el Departamento de Seguridad Nacional y FEMA restauren los fondos tal como estaban previstos originalmente, bajo la premisa de que las asignaciones fueron aprobadas por el Congreso y no pueden ser modificadas unilateralmente por la administración ejecutiva.